Este día, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha formalizado una de las acusaciones más graves en la historia reciente contra un funcionario mexicano, señalando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como un aliado operativo de alto nivel para el crimen organizado.
Según el pliego acusatorio radicado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el mandatario estatal no solo habría facilitado el tráfico masivo de fentanilo y cocaína, sino que utilizó la estructura del Estado para servir directamente a los intereses de la facción de "Los Chapitos".
La investigación detalla para qué grupos y bajo qué esquemas operaba presuntamente el gobernador:
¿Para quién presuntamente operó el gobernador Rubén Rocha Moya?
La imputación principal establece que presuntamente Rocha Moya trabajaba en colusión directa con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La Fiscalía estadounidense sostiene que el gobernador mantenía una "relación de servicios mutuos" con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de "Los Chapitos".
Según los fiscales, el mandatario garantizaba que las instituciones de seguridad pública estatal no interfirieran con los laboratorios de drogas sintéticas y las rutas de transporte de precursores químicos hacia la frontera.
Acusan "Puente Político" con el Cártel de Sinaloa
Las acusaciones de hoy también lo vinculan con la estructura histórica del Cártel de Sinaloa. El expediente retoma las declaraciones de Ismael "El Mayo" Zambada, sugiriendo que Rocha Moya fungía como un mediador de confianza para resolver disputas territoriales y políticas que pudieran afectar la operatividad del cártel.
Además, los documentos judiciales describen al gobernador como un "facilitador de estabilidad" que permitía que la organización criminal mantuviera su dominio regional sin la presión de operativos estatales.
Sin embargo, uno de los puntos más críticos es el señalamiento de que presuntamente Rocha Moya puso los recursos de inteligencia de Sinaloa a disposición de los grupos criminales.
La acusación afirma que el gobernador entregaba información sensible sobre los movimientos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a los mandos del cártel.
Esta filtración de datos estratégicos permitió a objetivos prioritarios evitar capturas y anticiparse a operativos federales, comprometiendo directamente la seguridad nacional de México y de los Estados Unidos.
Por lo que, la justicia de EE. UU. señala que Rocha Moya no operaba solo, sino que encabezaba una red de otros nueve funcionarios estatales que actuaban como enlaces directos con los jefes de plaza.
Este grupo presuntamente gestionaba desde la impunidad para sicarios detenidos hasta el uso de recursos públicos para financiar la logística de la organización criminal, consolidando un esquema donde la frontera entre el gobierno estatal y el Cártel de Sinaloa se volvió inexistente.
Con estos cargos, el gobierno estadounidense ha solicitado formalmente la detención del gobernador con fines de extradición, marcando un punto de quiebre en la relación bilateral y en la política interna de Sinaloa.
Autoridades de EU vinculan al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios con presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa.
