Respaldo bajo la Lupa: Así Alejandro Armenta y gobernadores morenistas defendieron a Rubén Rocha Moya ante señalamientos

La acusación formal por narcotráfico y traición institucional presentada hoy por el Departamento de Justicia de EE. UU. contra Rubén Rocha Moya ha puesto en el centro del debate el respaldo político que el gobernador de Sinaloa recibió de la cúpula de Morena.

A pesar de las advertencias previas sobre sus vínculos con el crimen organizado, figuras clave como Alejandro Armenta y el bloque de gobernadores de la llamada "Cuarta Transformación" emitieron en su momento una defensa cerrada que hoy resuena ante la gravedad de los cargos en Nueva York.

El pasado 11 de agosto de 2024, se marcó un hito en la defensa política de Rocha Moya. Tras la difusión de una carta de Ismael "El Mayo" Zambada que implicaba al gobernador en una emboscada, los gobernadores electos y constitucionales de Morena, incluyendo a Alejandro Armenta, publicaron un comunicado conjunto.

En dicho documento, los mandatarios expresaron su "respaldo absoluto" a Rocha Moya, calificando los señalamientos de vínculos con el narco como "ataques estériles" y una campaña de estigmatización contra el movimiento.

Incluso, Alejandro Armenta, actual gobernador de Puebla, fue uno de los firmantes y defensores activos de la "probidad" de Rocha Moya. En aquel periodo, el bloque de gobernadores morenistas sostuvo que las acusaciones carecían de fundamento y que el mandatario sinaloense era víctima de una estrategia para desestabilizar la seguridad del estado.

Hoy, ese respaldo es cuestionado, dado que las pruebas presentadas por la DEA y la Fiscalía de Nueva York sugieren que la protección institucional a "Los Chapitos" era una operación activa mientras los gobernadores firmaron su apoyo.

El contraste más crítico entre el respaldo político de 2024 y la acusación de hoy radica en la traición a las fuerzas armadas. Mientras los funcionarios morenistas defendían la integridad de Rocha, la Fiscalía de Nueva York afirma tener evidencia de que el gobernador filtraba información de inteligencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a los líderes del Cártel de Sinaloa.

Esta colusión permitió que objetivos prioritarios evitaran su captura, comprometiendo la seguridad de los mismos elementos federales que los gobernadores decían proteger en sus discursos.

A pesar de la protección política brindada por sus homólogos, la justicia estadounidense busca ahora una sentencia que podría alcanzar la cadena perpetua. Los cargos por conspiración para el tráfico de fentanilo y el uso de armas de fuego de uso exclusivo militar colocan a Rocha Moya frente a un suelo mínimo de 40 años de cárcel.

Además, la solicitud de extradición ya ha sido enviada al gobierno mexicano, lo que obliga a sus antiguos aliados a definir si mantendrán el respaldo o permitirán que el proceso judicial siga su curso sin el escudo del fuero.