Este día, a la par de los cargos por narcotráfico presentados en una corte federal de Nueva York, las autoridades de Estados Unidos y auditores independientes han puesto bajo la lupa un presunto sofisticado esquema de corrupción financiera en la administración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Según el pliego acusatorio y diversas auditorías forenses, el gobernador de Sinaloa habría encabezado una estructura dedicada al desvío de recursos públicos y al blanqueo de capitales que supera los 3,100 millones de pesos, integrando presuntos sobornos del crimen organizado al erario estatal.
¿Cómo operó el presunto desvío de recursos del gobierno de Rubén Rocha Moya?
La columna vertebral del desvío financiero se basa en una red de al menos 23 empresas fantasma que, según investigaciones periodísticas y de auditoría, fueron utilizadas para simular la ejecución de obra pública.
Bajo este esquema, el gobierno estatal presuntamente habría adjudicado contratos multimillonarios a compañías que carecen de infraestructura, empleados registrados y domicilios fiscales verificables. Se estima que, mediante licitaciones simuladas, se extrajeron más de 3,100 millones de pesos destinados originalmente a infraestructura básica en la entidad.
Acusan blanqueo de sobornos de "Los Chapitos" en Sinaloa
La justicia estadounidense sostiene que la administración estatal no solo robó fondos públicos, sino que funcionó como un mecanismo de lavado para el Cártel de Sinaloa. Las imputaciones de hoy detallan que los supuestos sobornos pagados por la facción de "Los Chapitos" a cambio de protección institucional eran "limpiados" a través de esta misma red de empresas y contratos gubernamentales, permitiendo que dinero de procedencia ilícita se mezclara con el presupuesto oficial del estado.
Otra arista del saqueo involucra directamente al círculo familiar del mandatario. Se han documentado casos en los que contratistas legítimos, para acceder a proyectos estatales, eran presuntamente obligados a subcontratar servicios con empresas vinculadas a los hijos del gobernador, como Chocosa S.A. de C.V.
Este mecanismo permitía presuntamente desviar una parte del presupuesto de cada obra (el llamado "diezmo" o "moche") directamente al patrimonio privado de la familia Rocha Ruiz.
Señalan irregularidades en Programas Sociales del DIF en Sinaloa
Los señalamientos de robo también alcanzan los fondos destinados a los sectores más vulnerables. Se investigan contratos por aproximadamente 350 millones de pesos dentro del DIF Estatal, gestionado por Eneida Rocha Ruiz, por la compra de despensas a sobreprecio y suministros médicos a proveedores de reciente creación. Auditorías preliminares sugieren que gran parte de estos suministros nunca fueron entregados o eran de calidad inferior a la facturada, representando un desvío directo de recursos para programas sociales.
Mientras tanto, en Nueva York se busca el decomiso de bienes y cuentas bancarias ligadas a estos delitos y en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado el bloqueo de activos relacionados con las 23 empresas señaladas.
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