Este 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha formalizado una serie de cargos criminales contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vinculándolo directamente con las operaciones logísticas y de protección de la facción de "Los Chapitos", perteneciente al Cártel de Sinaloa.
La acusación, radicada en una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, establece los siguientes puntos clave de la imputación:
Estados Unidos imputa a Rubén Rocha Moya por conspiración para el Narcotráfico Internacional
La Fiscalía estadounidense señala a Rocha Moya como presunto facilitador en la cadena de suministro de drogas sintéticas. Se le imputa la conspiración para importar y distribuir cantidades masivas de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia territorio estadounidense, aprovechando su posición política para garantizar rutas de tránsito seguras.
Además, la narrativa judicial sostiene que el funcionario presuntamente proporcionó una "red de seguridad institucional" a líderes criminales.
Las investigaciones apuntan a que el gobernador habría ordenado a mandos policiales locales omitir operativos en zonas controladas por el cártel, además de filtrar información clasificada sobre movimientos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para evitar la captura de figuras prioritarias.
Acusan vínculo con la captura de "El Mayo" Zambada
El expediente judicial retoma los eventos de julio de 2024, señalando que la supuesta reunión entre Rocha Moya e Ismael Zambada García no fue un hecho aislado, sino parte de una relación sostenida de mediación política y protección.
Según el Departamento de Justicia, el gobernador utilizó su investidura para generar las condiciones que permitieron la operatividad de la organización criminal a cambio de financiamiento y estabilidad política en la región.
Por otro lado, se le atribuye el manejo de recursos de procedencia ilícita, presuntamente derivados de sobornos pagados por la organización de "Los Chapitos".
Por lo que, tras la presentación de estas imputaciones, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido una orden de captura internacional y la solicitud formal de extradición.
Las autoridades federales mexicanas han confirmado la recepción de la notificación, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin pronunciarse respecto a la apertura de carpetas locales por delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito.
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