Más de 30 millones de pesos fueron desperdiciados en el Ecoparque Malinche, un proyecto que inició de manera apresurada, con obras ilegales, cuestionamientos ambientales y que para 2026, se ha dejado casi en el olvido.
¿Cuánto se pagó y cómo avanzó el proyecto Ecoparque Malinche?
De acuerdo con los Programas y Proyectos de Inversión 2025, el gobierno destinó 30 millones de pesos entre el segundo y el tercer trimestre para elaborar el Proyecto Ejecutivo del Ecoparque Malinche, equivalente al 64.8% del costo total, que asciende a 46.3 millones.
El contrato fue otorgado a Pach Construcciones S.A. de C.V., encargada de elaborar planos, especificaciones técnicas y documentación que sirviera como base operativa.
El periodo formal de ejecución abarcó del 20 de mayo al 16 de septiembre de 2025, tiempo en el que también se integraron bitácoras, pruebas de laboratorio, reportes fotográficos y análisis de estimaciones.
Con este ritmo, la administración estatal logró cubrir más de dos tercios del proyecto en solo seis meses, antes del cierre del plazo oficial.
¿Por qué dejó de ser prioridad el Ecoparque Malinche y qué límites ambientales enfrenta?
Aunque el Ecoparque Malinche era presentado como una obra emblemática, ya no figura en el Presupuesto de Egresos 2026. La situación se cruza con dos factores:
las restricciones ambientales vigentes y el retiro de una parte del proyecto por decisión estatal.
En octubre, la Semarnat autorizó el cambio de uso de suelo solicitado por Puebla, pero lo condicionó a medidas estrictas dentro del Área Natural Protegida. Entre las principales exigencias se encuentran:
- Prohibición de tala y de apertura de nuevos caminos.
- Limitación de construcciones invasivas; quedaron fuera la capilla, el tiro con arco y las áreas para equinos.
- Obligación de un plan de manejo que incluya rescate de flora y fauna, monitoreo y restauración de al menos 700 hectáreas afectadas históricamente por tala clandestina.
- Supervisión constante, con inspecciones derivadas de irregularidades detectadas previamente.
Colectivos ambientales han advertido riesgos ecológicos irreversibles por desarrollar un proyecto de esta magnitud dentro de una Área Natural Protegida (ANP). Incluso, en julio se clausuraron los accesos por trabajos que no cumplían con la normativa.
En paralelo, el propio gobierno del estado solicitó que la segunda fase —entre ellas un Centro de Alto Rendimiento Deportivo— ya no fuera considerada, decisión formalizada mediante un escrito enviado a Semarnat el 15 de septiembre.
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