Interpol y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) ponen a Sinaloa bajo la lupa; pese al respaldo federal, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza siguen resguardados ante sospechas de una policía estatal infiltrada.
El gobierno repite que “México no es piñata de nadie”, mientras la oposición acusa una distracción para ocultar posibles nexos con el crimen organizado.