Desde la primera mitad de 2025, Puebla figuró entre los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo, cuando el estado se integró a la estadística nacional de letalidad con el asesinato del fotoperiodista Salomón Ordóñez Miranda, ocurrido en junio en el municipio de Cuetzalan del Progreso.
El crimen fue documentado y condenado por organizaciones internacionales, que solicitaron considerar su labor informativa como una posible línea de investigación.
Puebla entre los principales lugares en agresiones contra periodistas en México
De acuerdo con Artículo 19 y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), Puebla se ubicó entre el tercer y cuarto lugar nacional con mayor número de agresiones contra periodistas.
Sólo entre enero y junio de 2025 se registraron al menos 33 ataques directos, que incluyeron amenazas, hostigamiento y agresiones físicas contra comunicadores locales e independientes.
Este panorama coloca a la entidad dentro de los focos rojos nacionales, junto con estados como Veracruz, Guerrero y Ciudad de México, donde la cobertura de temas de seguridad, corrupción y derechos humanos implica mayores riesgos.
Censura legal y acoso judicial como mecanismo de presión en Puebla
Uno de los factores que refuerzan a Puebla entre los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo y destaque a nivel nacional, es el uso recurrente de herramientas legales para inhibir la labor informativa.
Según el informe Las leyes como mecanismo de censura, elaborado por Artículo 19, Puebla ocupó el cuarto lugar nacional en casos de acoso judicial durante el primer semestre de 2025.
A nivel nacional, Veracruz encabezó la lista con diez casos, seguido de Ciudad de México y Jalisco. En total, 17 estados del país registraron al menos un caso de acoso judicial, lo que representa más del 53% del territorio nacional.
A este contexto se suma la aprobación de reformas penales que tipifican el delito de ciberasedio, una figura legal señalada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión como ambigua y susceptible de criminalizar la crítica en plataformas digitales.
Desiertos informativos e impunidad estructural en Puebla
Las condiciones estructurales refuerzan el diagnóstico de riesgo. Diversos análisis señalan que alrededor del 58% de los municipios de Puebla son considerados “desiertos informativos”, zonas donde no existen medios locales o donde informar implica un riesgo elevado por presiones criminales y políticas.
En paralelo, el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project ubicó a Puebla en el lugar 27 de 32 a nivel nacional, particularmente en el rubro de justicia penal, lo que contribuye a la impunidad en agresiones contra la prensa.
Por lo que, al cierre de 2025, los datos consolidan a Puebla entre los sitios más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo por la violencia física, sino por un entorno donde convergen censura legal, acoso judicial y condiciones que limitan el derecho a informar.
La Ley Censura ha desenmascarado algunos personajes
