El gobierno de Alejandro Armenta intentó echar abajo una sentencia que ya le había dado la razón a un ciudadano, y volvió a perder. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó por unanimidad que la Ley de Ciberasedio aprobada en Puebla en julio de 2025 es inconstitucional, confirmando el amparo que había obtenido el abogado César Pineda Zárate ante un juez de distrito.
¿Por qué el tribunal declaró inconstitucional la ley que impulsó Armenta?
Al realizar una revisión del expediente de resolución 713/2025, magistrados encontraron fallas de fondo en la redacción de la norma que la hacen inaplicable e incompatible con los derechos de cualquier usuario de internet.
La ley castigaba actos "reiterados o sistemáticos" de vigilancia u ofensa en redes sociales, pero nunca definió cuántas veces debe repetirse una conducta para que sea delito.
Tampoco se aclaró qué nivel de afectación debe sufrir la víctima para que aplique la sanción, dejando conceptos como "alteración a su vida cotidiana" o "perturbación a su privacidad" completamente abiertos a interpretación.
Esa ambigüedad, según el tribunal, genera un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión: cualquier persona podría abstenerse de opinar o criticar en redes por miedo a que sus palabras sean interpretadas arbitrariamente como una ofensa. Además, al no estar bien definida, la ley dejaba un margen excesivo a jueces y fiscales para decidir a criterio personal qué constituye un delito y qué no.
¿Qué significa este fallo sobre la Ley de Ciberasedio en Puebla?
La ratificación del tribunal deja al gobierno del estado sin más instancias ordinarias para intentar revivir el delito frente a quienes se ampararon. Para ellos, la ley simplemente ya no existe y el Estado no puede aplicarles ninguna sanción relacionada con este artículo.
Sin embargo, la anulación definitiva para toda la ciudadanía depende de la Acción de Inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió a trámite tras la denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El fallo de hoy es un precedente jurídico demoledor, pero el capítulo final aún lo tiene que escribir la Corte.
Peso Pluma desata preocupación por su extraño comportamiento en concierto
