La corrupción en los corralones de Puebla vuelve a colocarse en el centro del debate público luego de que se anunciara la creación de cinco nuevos depósitos vehiculares, uno de ellos en la capital poblana. El argumento, es "regular los arrastres y frenar abusos", sin embargo, son muchas dudas en torno a este proyecto, pues continúan sin resolverse los escándalos que desde 2020 han exhibido desaparición de vehículos, cobros excesivos y vínculos con exfuncionarios morenistas.
Entre 2020 y 2023, Puebla se mantuvo en el segundo lugar nacional en corrupción vehicular, con una prevalencia del 19.6%, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI. Además, el 87.8% de las quejas se relacionaron con “autos fantasmas” en corralones estatales: unidades decomisadas que desaparecieron sin registro claro.
¿Qué pasó con los miles de autos desaparecidos en corralones de Puebla?
Uno de los casos más graves ocurrió en 2023, cuando un informe de la Auditoría Superior del Estado, reveló la desaparición de 3 mil vehículos del corralón principal de la ciudad. De 5 mil unidades ingresadas, solo 2 mil pudieron ser localizadas. Muchos autos estaban relacionados con robos, aseguramientos y trámites judiciales.
Pese al impacto del hallazgo, las investigaciones no han resuelto quiénes participaron en la venta ilegal, desmantelamiento o manejo irregular de esas unidades. Las carpetas abiertas por peculado, tráfico de vehículos y abuso de autoridad siguen sin conclusiones firmes.
¿El nuevo corralón estatal resolverá los casos previos de corrupción?
Las declaraciones de autoridades estatales señalaron que los corralones actuales funcionan como “nidos de corrupción”, con cobros de hasta 150 mil o 200 mil pesos, a pesar de que las tarifas oficiales van de 500 a mil pesos por arrastre y 100 a 200 pesos por día de resguardo.
Aunque se cancelaron 100 concesiones irregulares y se anunciaron auditorías, no se ha dado claridad sobre las responsabilidades administrativas ni penales pendientes. Casos como las denuncias de extorsión en Amozoc, los 257 expedientes de corrupción vehicular documentados en 2023 y las menciones en los Pandora Papers, siguen sin resolverse.
Aunque se plantean nuevos corralones, organizaciones civiles y transportistas mantienen la exigencia: antes de abrir una nueva etapa, se deben aclarar los abusos y desapariciones que marcaron los últimos cinco años.
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