El escándalo del fentanilo escaló a niveles internacionales y el tema llegó finalmente a los oídos del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El diplomático reaccionó de manera tajante ante la intoxicación de menores en la entidad, advirtiendo que esta droga no distingue edad ni nacionalidad, dejando en evidencia que la seguridad se le está escapando de las manos al gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta.
Mientras la alerta trasciende fronteras y pone en entredicho el control en la entidad, la respuesta de las autoridades poblanas ha sido tibia y evasiva. En un intento por cerrar el caso, el gobierno estatal emitió un comunicado donde detalló que: “siete menores fueron atendidos tras presentar síntomas de intoxicación presuntamente relacionada con el consumo de alimentos en la vía pública”. Con esta postura, el gobierno de Armenta pretende reducir el caso de los siete menores intoxicados en Huauchinango a un simple tema de consumo de tamales, tratando de disfrazar una crisis de narcotráfico como un incidente de comida callejera.
La realidad rebasa por mucho la narrativa oficial: aunque se informa que la niña de 10 años que dio positivo a fentanilo ya fue dada de alta, el hecho es alarmante y no le resta ni un ápice de gravedad al caso. Es inadmisible que mientras desde el extranjero se señala la presencia de la droga más letal del mundo en el estado, aquí el gobernador Alejandro Armenta insista en minimizar un peligro que ya está al alcance de nuestros niños.
