El fenómeno de los adolescentes en conflicto con la ley en el estado de Puebla sigue generando preocupación, pues un número significativo de menores enfrenta procesos judiciales y permanece bajo supervisión de las autoridades. La situación refleja no solo la incidencia de delitos cometidos por jóvenes, sino también las limitaciones del sistema de justicia juvenil para garantizar procesos ágiles y medidas de rehabilitación efectivas.
¿Cuántos adolescentes están involucrados y cuáles son sus delitos?
En 2023, un total de 684 adolescentes poblanos fueron imputados por presunta participación en delitos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, EPACOL 2023). En cuanto a la naturaleza de los delitos cometidos por adolescentes durante el periodo de 2016 a 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que los más frecuentes fueron robo agravado con 979 casos, lesiones dolosas con 524, abuso sexual con 441, violación con 400, delitos contra la salud con 323 y violencia familiar con 246. Además, se documentaron homicidios, portación ilegal de armas y robo de hidrocarburos, lo que refleja la complejidad y diversidad de la delincuencia juvenil en la entidad.
¿Cómo ha evolucionado la delincuencia juvenil en Puebla?
Entre 2016 y mayo de 2024, la FGE documentó un total de 3 mil 394 delitos cometidos por menores de edad, con un promedio de un hecho delictivo por día (FGE, 2016–2024). La evolución por año muestra que en 2016 se registraron 223 casos, aumentando a 431 en 2017, 430 en 2018, 528 en 2019, con leves descensos en 2020 y 2021 con 447 y 463 casos, respectivamente. Sin embargo, el pico se dio en 2022 con 648 delitos, seguido de 600 en 2023, mientras que en los primeros cinco meses de 2025 se han reportado 157 nuevos actos delictivos cometidos por menores.
¿Qué sucede con los centros de internamiento para adolescentes?
Por otro lado, el estado de Puebla se colocó como la segunda entidad con mayor tasa de ocupación en centros de internamiento para menores, solo por debajo de Zacatecas, con 60% de ocupación al cierre de 2023, muy por encima del promedio nacional de 20.4%.
A pesar de esto, casi 23.8% de los adolescentes internos a nivel nacional no ha recibido una resolución judicial, lo que significa que uno de cada cuatro menores privados de la libertad sigue sin ser juzgado ni sentenciado, evidenciando la lentitud del sistema de justicia juvenil. Ante este escenario, la delincuencia juvenil no solo refleja conductas delictivas de los menores, sino también la insuficiencia de estrategias preventivas y de rehabilitación implementadas por las autoridades.
Por lo que, la saturación de los centros, los retrasos en los procesos judiciales y la falta de medidas efectivas de reinserción aumentan la vulnerabilidad de los adolescentes y generan un ciclo de reincidencia, dejando claro que la problemática requiere atención urgente por parte de la Fiscalía General del Estado, los jueces y tribunales del sistema de justicia juvenil, los centros de internamiento y reinserción social, así como de los programas estatales y municipales de prevención.
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