Esto dice la ley
En México, la operación de bots políticos no se encuentra prohibida por sí misma en la normativa general; sin embargo, su uso puede derivar en severas sanciones cuando transgrede la legislación electoral.
El principal conflicto legal radica en la fiscalización de los recursos, debido a que el arrendamiento o mantenimiento de granjas de cuentas automatizadas para impulsar una candidatura, omitiendo reportar dicho gasto, constituye un delito de financiamiento no fiscalizado.
Asimismo, emplear estos sistemas para difundir calumnia electoral o ejercer violencia política de género conlleva la evaluación del impacto de la red por parte de las autoridades, derivando en multas económicas e incluso en consecuencias penales para los partidos o candidatos responsables.
