Ante la controversia que se ha generado por los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por supuestos vínculos con el crimen organizado por parte de las autoridades de Estados Unidos (EU), y ante las exigencias de una destitución, en TV Azteca Puebla te decimos quién asumiría el cargo.
¿Se podría destituir a Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa?
Un gobernador puede ser destituido, pero solo bajo condiciones específicas, según lo marcado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, por medio de un juicio político, una declaración de procedencia (desafuero) y hasta la desaparición de poderes en un estado.
En el Artículo 116 de la Constitución de México se establece que los gobernadores pueden ser removidos, pero los procedimientos concretos dependen de la Constitución de cada estado.
“El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad”.
¿Quién podría reemplazar al gobernador?
Si prosigue la destitución, entra en juego la legislación estatal. En el caso de Sinaloa, el Congreso local tendría la facultad de nombrar a un gobernador interino o sustituto.
Cabe señalar que este perfil debe cumplir con los requisitos constitucionales y su permanencia dependerá del momento del sexenio:
- Si falta mucho tiempo para concluir el mandato, se puede convocar a elecciones.
- Si el periodo está por terminar, el Congreso designa a un sustituto hasta finalizar el sexenio.
- En el caso de Rubén Rocha Moya, tendría que comprobarse violaciones graves a la Constitución o a derechos fundamentales, o hasta incapacidad para ejercer el cargo, incluso una crisis institucional que impida gobernar.
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