En un hecho sin precedentes para un gobernador en funciones, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó hoy una acusación criminal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
El pliego acusatorio, radicado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, imputa al mandatario los delitos de conspiración para el narcotráfico de fentanilo y cocaína, así como el uso de su cargo público para brindar protección institucional a la facción de "Los Chapitos". Esta acusación se suma a una serie de polémicas y auditorías que han marcado su administración por presuntos vínculos con el crimen organizado y corrupción sistémica.
¿Qué polémica hay detrás del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya?
Entre los ejes centrales de las controversias que rodean al mandatario estatal destacan:
La gestión de Rocha Moya quedó bajo sospecha internacional tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024. El capo aseguró, mediante una carta pública, que fue emboscado mientras esperaba una reunión con el gobernador.
Aunque Rocha Moya sostuvo haber estado de viaje en Los Ángeles ese día, investigaciones periodísticas y reportes de agencias de inteligencia han señalado la ausencia de registros migratorios, lo que ha sido calificado como una "coartada fabricada".
Acusan red de Empresas Fachada y la "Banda Sinaloense"
Una de las polémicas más documentadas es la existencia de una red de corrupción denominada "La Banda Sinaloense". Según auditorías forenses y reportajes de investigación, se detectó el desvío de más de 3,100 millones de pesos a través de 23 empresas fachada.
Estos recursos, presuntamente derivados de contratos de obra pública y adquisiciones directas, habrían sido blanqueados mediante facturación simulada, integrando sobornos del narcotráfico al presupuesto estatal.
Además, la familia del gobernador ha sido señalada directamente por aprovechar la estructura del estado para fines personales.
Entre ellos: Los hijos del Gobernador: Rubén y Ricardo Rocha Ruiz han sido vinculados a empresas como Chocosa, la cual presuntamente recibe pagos de subcontratistas que obtienen licitaciones del gobierno estatal. Por otro lado, en el DIF Estatal, Eneida Rocha Ruiz, hija del mandatario, enfrenta cuestionamientos por adjudicar contratos directos por cientos de millones de pesos a empresas de reciente creación y sin capacidad operativa.
Mientras que, la imputación formal de hoy en Nueva York añade una arista crítica: la presunta entrega de información confidencial sobre operativos militares. Según los testimonios en poder de la fiscalía estadounidense, Rocha Moya habría facilitado el despliegue de fuerzas federales en zonas que no afectaran las operaciones de "Los Chapitos", además de alertar sobre movimientos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, permitiendo la evasión de objetivos prioritarios.
Finalmente, su administración ha sido criticada por la "parálisis institucional" ante la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Con cifras que superan los 2,800 homicidios y miles de desapariciones, organizaciones civiles acusan al gobernador de omisión y de permitir que grupos criminales impongan su ley en la entidad, lo que ha derivado en múltiples denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por encubrimiento y delincuencia organizada.
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