En México, el uso de bots políticos no está prohibido por sí mismo, pero las estrategias que se realizan mediante cuentas automatizadas pueden derivar en sanciones cuando implican gastos no reportados, financiamiento ilícito, calumnias, violencia política de género o violaciones a las reglas electorales.
¿Cuándo los bots políticos infringen la ley México?
La creación y operación de cuentas automatizadas en redes sociales no está prohibida de manera general por la legislación mexicana.
Sin embargo, el problema legal aparece cuando estos recursos forman parte de una estrategia política que infringe otras disposiciones electorales.
Uno de los principales aspectos que puede generar sanciones es el financiamiento y la fiscalización. Los partidos y candidatos tienen obligaciones respecto a los gastos que realizan durante una campaña, incluida la propaganda y las estrategias de comunicación digital.
Por lo que, al contratar servicios de automatización o una estructura de cuentas para favorecer una candidatura y ocultar ese gasto puede representar una infracción en materia de fiscalización.
¿Cuándo puede ser ilegal el uso de bots políticos?
Los bots políticos pueden convertirse en parte de una conducta sancionable cuando se utilizan para cometer o facilitar otras infracciones. Entre ellas se encuentra la difusión de calumnia electoral, cuando se atribuyen falsamente hechos o delitos a una persona con impacto en una contienda.
También puede existir responsabilidad cuando las cuentas automatizadas son utilizadas para ejercer Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG). En estos casos, no es la automatización de la cuenta lo que constituye por sí mismo la infracción, sino el contenido, la conducta y las circunstancias en las que se realiza el ataque.
Otro posible problema es la utilización de recursos de procedencia prohibida para financiar estrategias digitales, que pueden ser objeto de fiscalización electoral cuando existe una relación con partidos, candidaturas o campañas.
Finalmente, cuando su utilización forma parte de una conducta que infringe la legislación electoral, puede generar sanciones económicas y otras consecuencias electorales, dependiendo de la gravedad de la infracción y de lo que determine la autoridad competente.