El caso no solo apunta a protección política al gobernador Rubén Rocha Moya, sino a una red más amplia ligada al huachicol fiscal y tráfico de combustible.

Mexicanos Contra la Corrupción señala que en Altamira habrían llegado 20 millones de litros y no 10, lo que implicaría una operación logística de gran escala.