Este 22 de septiembre de 2026, la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, salió en defensa del gobernador Alejandro Armenta Mier, calificando como “incongruentes” las críticas hacia sus recientes declaraciones sobre las mujeres y la gobernabilidad en municipios con altos índices de violencia.
Entre el machismo y la exclusión: Armenta relega a las mujeres de la gobernabilidad por “razones de seguridad”
La controversia surgió cuando el mandatario poblano afirmó que era “un tema de riesgo y muy delicado” proponer a mujeres para encabezar municipios afectados por la presencia del crimen organizado, argumento con el que explicó por qué los Concejos Municipales de Esperanza, Tepeyahualco y Acatlán de Osorio quedaron integrados solo por hombres.
El planteamiento provocó cuestionamientos porque la seguridad fue utilizada como argumento para explicar por qué las mujeres no quedaron al frente de estos gobiernos provisionales.
Sin embargo, colectivos feministas y opositores acusan que una condición de inseguridad no debería convertirse en un criterio para apartar a las mujeres de los espacios de poder.
Dirigente de Morena intenta justificar a declaraciones machistas de Armenta
En lugar de cuestionar las declaraciones del gobernador, Olga Lucía Romero Garci-Crespo salió en su defensa y calificó como “incongruentes” las interpretaciones hechas sobre sus palabras.
También sostuvo que la oposición estaría utilizando la polémica para lucrar políticamente con el tema de género y generar confrontación alrededor de las decisiones relacionadas con los Concejos Municipales.
La defensa partidista, así, buscó llevar la discusión de las palabras del gobernador hacia sus antecedentes políticos y hacia la composición de su gabinete, en lugar de centrarla en el cuestionamiento que detonaron sus declaraciones: ¿Por qué ser mujer tendría que representar un riesgo para gobernar un municipio tomado por la delincuencia?
¿Por qué las declaraciones de Armenta fueron señaladas de misóginas?
El principal cuestionamiento planteado por colectivos feministas, legisladoras de oposición y analistas es que hablar de “proteger” a las mujeres de determinados cargos puede convertirse en una forma de exclusión y paternalismo.
La crítica sostiene que las mujeres no deberían ser consideradas menos aptas para enfrentar escenarios de violencia únicamente por su género. Bajo esta interpretación, el problema no sería la capacidad de una mujer para gobernar una zona peligrosa, sino las condiciones de seguridad que el propio Estado debe garantizar.
También se cuestionó que el gobernador presentara como una decisión razonable que hombres con experiencia fueran enviados a municipios considerados peligrosos, mientras que colocar a una mujer en esas mismas responsabilidades fuera presentado como una exposición al riesgo.
Por lo tanto, la polémica no se limita a quiénes integraron los Concejos Municipales: alcanza la idea de que la inseguridad pueda convertirse en una razón para cerrar el paso a las mujeres en cargos públicos.