De García Luna a Rocha Moya: El patrón de la justicia estadounidense contra la narcopolítica mexicana

Con la reciente desclasificación de cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha trazado un paralelo jurídico con el caso de Genaro García Luna. Ambos procesos, aunque separados por años y jerarquías, revelan una estrategia idéntica de la fiscalía estadounidense: imputar a altos funcionarios mexicanos por operar como piezas clave del Cártel de Sinaloa.

Este 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses. El pliego de cargos incluye:

• Conspiración para la importación masiva de fentanilo y metanfetaminas.
• Posesión y uso de ametralladoras y artefactos explosivos.
• Participación en una empresa criminal continua en colaboración directa con la facción de "Los Chapitos".

A pesar de que García Luna (exsecretario de Seguridad Pública) ya cumple una sentencia de 38 años y Rocha Moya inicia su proceso, las similitudes en los cargos son contundentes:

1. La "Protección Institucional": Al igual que se determinó en el juicio contra García Luna en el Distrito Este de Nueva York, a Rocha Moya se le acusa de utilizar el aparato del Estado (policía y poder político) para brindar impunidad y protección logística a la organización criminal de Sinaloa.
2. Conspiración Internacional: Ambos personajes comparten el cargo central de conspiración para introducir drogas a territorio estadounidense. Mientras el caso de García Luna se centró mayormente en cocaína, el de Rocha Moya prioriza el fentanilo, reflejando la evolución de la crisis de salud en EE. UU.
3. Vínculos con el mismo Cártel: La fiscalía sostiene que ambos funcionarios pactaron con el Cártel de Sinaloa. García Luna fue señalado por su relación con la facción de "El Mayo" Zambada y los Beltrán Leyva; Rocha Moya es vinculado directamente con la estructura de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
   

Sin embargo, una diferencia técnica que endurece el caso contra Rocha Moya es la inclusión explícita de cargos por armas de alto poder. Según la fiscalía, el gobernador no sólo permitió el tráfico de drogas, sino que facilitó que el cártel contara con armamento de guerra para mantener su control territorial.

Este componente de armas es el que eleva la pena mínima a 40 años de prisión, con la posibilidad real de una sentencia de cadena perpetua, superando así la condena impuesta originalmente a García Luna.