El ciberacoso en el estado de Puebla se ha disparado en los últimos años, afectando a más del 23.4% de los usuarios de internet en la entidad, según datos del INEGI. Esta cifra coloca al estado en el lugar número 12 a nivel nacional, por encima del promedio nacional del 21%.
En términos absolutos, más de 1 millón 40 mil poblanos han sido víctimas de ciberacoso, siendo el sector femenino más afectado: una de cada cuatro usuarias ha sido víctima de insinuaciones sexuales, amenazas, acoso persistente o recepción de contenido no deseado.
El rango de edad con mayor incidencia es el de 20 a 29 años, con más de 305 mil casos registrados, seguido del grupo de 30 a 39 años y el de adolescentes de 12 a 19. De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y septiembre de 2024, se registraron 755 denuncias formales, de las cuales el 72% fueron presentadas por mujeres. Pese a estos datos alarmantes, las acciones de las autoridades siguen sin ser proporcionales a la magnitud del problema.
¿Cómo se han visto afectados los poblanos por el ciberacoso y qué castigo existe en Puebla?
A falta de estrategia concreta, los usuarios en Puebla han tenido que recurrir a medidas personales de ciberseguridad: desde el uso de antivirus y bloqueadores de ventanas emergentes, hasta cambiar contraseñas frecuentemente o evitar sitios inseguros. Pero estas acciones individuales no bastan.
En respuesta legislativa, el Congreso del Estado de Puebla aprobó penas de quince meses a cinco años de prisión y multa de setenta a quinientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la comisión del delito. De acuerdo con la reforma al Artículo 278 Decies del Código Penal de Puebla, se considera delito si hay “insistencia necesaria” en dañar la integridad física o emocional de la víctima mediante redes sociales, correo electrónico u otras plataformas digitales.
Sin embargo, la ambigüedad de la norma y la dificultad para tipificar conductas digitales ha generado polémica. Activistas y periodistas han criticado que la ley se preste a interpretaciones excesivas o incluso a censura, sin brindar una verdadera protección a las víctimas.
Autoridades estatales rebasadas y víctimas sin protección
El principal problema no está solo en la legislación, sino en la falta de eficacia en los procesos de denuncia y sanción. La Fiscalía General del Estado carece de unidades especializadas para atender ciberacoso, lo que retrasa la atención y deja a las víctimas expuestas a la revictimización.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal no ha implementado protocolos específicos para proteger a personas acosadas digitalmente, ni mecanismos efectivos de prevención y detección.
Ciberacoso: una situación cada vez más preocupante en México
